Durante siglos, la alta mar ha encarnado un principio fundamental: la libertad. Los Estados han hecho amplio uso de los derechos de navegación, pesca e investigaciones científicas en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, mientras que los recursos minerales de los fondos marinos internacionales se rigen por el principio de que constituyen el patrimonio común de la humanidad. En la medida que estos dos principios se mantuvieron ampliamente compatibles, el ordenamiento jurídico vigente demostró ser notablemente duradero.

Sin embargo, ese equilibrio se ha vuelto cada vez más difícil de mantener.

El Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas fuera de la Jurisdicción Nacional, también conocido como Acuerdo BBNJ o Tratado de Alta Mar, entró en vigor el mes de enero. Concluido luego de casi dos décadas de negociaciones, es considerado ampliamente como el avance más importante en el derecho internacional del mar desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y lo que es más importante, refleja un cambio más amplio en la gobernanza oceánica global: desde maximizar el acceso hasta salvaguardar la sostenibilidad.

El acuerdo llega en una etapa en que las deficiencias del marco de gobernanza existente se han hecho cada vez más notorias. Las áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que incluyen alta mar y la zona internacional de los fondos marinos, representan casi dos tercios de los océanos del mundo. Sin embargo, la gobernanza de estas aguas ha estado fragmentada durante mucho tiempo. Si bien distintos organismos internacionales supervisan el transporte marítimo, la pesca, la minería de los fondos marinos, así como otras actividades, ningún marco jurídico único ha abordado de manera integral la conservación de la biodiversidad marina en todos estos espacios.

El resultado ha sido una creciente presión sobre los ecosistemas marinos. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que los recursos genéticos marinos y los minerales de los fondos marinos profundos, antes inaccesibles, sean cada vez más valiosos, lo que ha intensificado la competencia por el aprovechamiento de estos nuevos recursos oceánicos. Al mismo tiempo, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación marina han evidenciado las limitaciones de unos sistemas de gobernanza concebidos principalmente en torno a la utilización de los recursos en lugar de la protección de los ecosistemas.

El Acuerdo BBNJ busca colmar ese vacío. A través de disposiciones sobre recursos genéticos marinos, herramientas de gestión basadas en áreas (como las áreas marinas protegidas), evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y la transferencia de tecnología, establece el primer marco integral de aplicación dedicado específicamente a la conservación de la biodiversidad en las áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

Sin embargo, su importancia va mucho más allá de la gobernanza ambiental. Al igual que muchos acuerdos internacionales, el Acuerdo BBNJ no trata simplemente sobre lo que regula, sino también sobre quién contribuye a definir las normas. Las decisiones sobre las áreas marinas protegidas, el acceso a los recursos genéticos marinos y las evaluaciones ambientales influyen inevitablemente en la forma en que se utilizarán los recursos en el futuro. Los países con mayores capacidades científicas, tecnologías marinas más avanzadas y una mayor capacidad de vigilancia pueden estar mejor posicionados para participar en estos procesos y para dar forma a la aplicación práctica del tratado.

Dicha participación es totalmente legítima en virtud del acuerdo. Sin embargo, también ilustra por qué la aplicación implicará inevitablemente consideraciones estratégicas junto con las ambientales. A la par que la gobernanza evoluciona desde el libre albedrío hacia una regulación más estructurada, la distribución de la influencia sobre los bienes comunes globales se convierte en una cuestión cada vez más importante por derecho propio.

Esto explica por qué es probable que la aplicación del tratado resulte más difícil que su negociación. La geopolítica sigue siendo una realidad ineludible. Estados Unidos ha firmado el acuerdo pero no lo ha ratificado, mientras que Rusia aún no lo ha firmado, lo que limita la universalidad del tratado. En el plano institucional, la relación entre el Acuerdo BBNJ y los organismos existentes, entre los que se incluyen la Organización Marítima Internacional, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y las organizaciones regionales de ordenación pesquera, exigirá una coordinación cuidadosa para garantizar que el tratado complemente, en lugar de socavar, los mandatos establecidos.

Las diferencias en la capacidad nacional representan otro desafío. Una aplicación eficaz depende no solo de las obligaciones legales, sino también de la experiencia científica, los recursos financieros y las capacidades tecnológicas. En consecuencia, garantizar que los países en desarrollo puedan participar de manera significativa mediante la creación de capacidad y la transferencia tecnológica será esencial para que el acuerdo logre una gobernanza genuinamente integradora.

Tampoco deberían las propias herramientas de conservación convertirse en fuente de nuevas controversias. Las medidas de gestión basadas en áreas tienen como objetivo proteger los ecosistemas marinos, no crear nuevas formas de competencia por el espacio oceánico. Preservar un equilibrio adecuado entre la conservación y el uso sostenible seguirá siendo una de las pruebas más importantes del acuerdo.

En este contexto, China ha apoyado sistemáticamente el tratado, haciendo hincapié tanto en la conservación eficaz como en la participación equitativa. Como un actor clave durante todas las negociaciones y una de las primeras partes en ratificar el acuerdo, China ha procurado salvaguardar los intereses legítimos de los países en desarrollo, desempeñando un papel proactivo en la reconfiguración del régimen de gobernanza marina global. Sus declaraciones al ratificar el tratado, incluyendo las relativas a la no retroactividad, el ámbito de aplicación del tratado, el respeto de los marcos jurídicos internacionales existentes y la toma de decisiones por consenso, reflejan tanto el apoyo al acuerdo como el compromiso con la seguridad jurídica.

China también ha promovido la cooperación internacional en materia de recursos genéticos marinos, creación de capacidad y transferencia de tecnología. Al proponer a Xiamen (provincia de Fujian) como sede de la secretaría del acuerdo, demuestra aún más su voluntad de aportar bienes públicos a la gobernanza oceánica mundial y de apoyar la aplicación a largo plazo del tratado.

El Tratado de Alta Mar representa una evolución importante en la gobernanza de los bienes comunes globales. Pero su éxito dependerá en última instancia no solo del texto, sino de cómo los países lo apliquen en la práctica. En última instancia, el éxito dependerá de tres pilares: conciliar la conservación con el uso sostenible, fortalecer la cooperación internacional sin menoscabar los derechos legítimos y defender unos océanos compartidos bajo normas que no solo funcionen, sino que también sean justas para todos. A medida que el tratado pase de la negociación a la implementación, ese equilibrio —y no el acuerdo en sí— determinará si este nuevo capítulo en la gobernanza de los océanos cumple su promesa.

Jiang Xiaoyi es profesora en el Instituto de Estudios de Fronteras y Océanos de la Universidad de Wuhan; y Zhang Qiyu es asistente de investigación en el mismo instituto.